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En la última semana se ha suscitado un conflicto de competencias entre dos Poderes del Estado; El Ejecutivo y El Judicial.  El Poder Ejecutivo representado por el Ministerio de justicia (a su vez representado por su Procurador Público) presenta ante el Tribunal Constitucional del Perú una demanda por Conflicto de Competencias contra el Poder Judicial, alegando que este último  se ha excedido en sus competencias, al haber emitido una resolución administrativa y al haberse emitido también una resolución judicial que vulneraría la competencia del Poder Ejecutivo (Ministerio de Economía).

Para poder entender a plenitud esta controversia jurídica es preciso  recordar ciertos detalles respecto al  Proceso Compentencial.La ley Orgánica del Poder Judicial, en su capítulo II(respecto a los derechos de los Magistrados) señala en su artículo 186° numeral 5), se establece la nivelación de los haberes de los magistrados de primera nominación, magistrados especializados y Vocales Superiores  en relación a los haberes de los Vocales Supremos. Es decir, un Juez de Paz Letrado debería percibir el 70% del haber de un Vocal Supremo, un Juez Especializado o Mixto debería percibir el 80% y un Vocal Superior debería percibir el 90% del total del haber del un Vocal Supremo. Respecto al inciso c), la Ley orgánica establece que los Magistrados titulares perciben 16 haberes mensuales al año. Luego de un tiempo de no haberse cumplido con lo señalado en la propia Ley Orgánica, un gremio de jueces interpuso una demanda de cumplimiento contra el Poder Judicial en busca que se cumpla con el pago señalado en la ley orgánica. El proceso de cumplimiento (Expediente N° 6582-2009) iniciado por el gremio de magistrados concluyó con una sentencia favorable, ordenándose al Quinto Juzgado Especializado Constitucional de Lima llevar a cabo la ejecución de la sentencia, en consecuencia, el Juzgado(Mediante Res. N° 43) cumplió con requerir al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el cumplimiento de la sentencia(en otras palabras el pago de lo adeudado).

En fiel al cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Constitucional, se aprobó mediante acuerdo 1052-2012 la Resolución Administrativa N° 235-2012 que resuelve nivelar las remuneraciones de los magistrados en mención, y además se requiere al Ministerio de Economía y Finanzas para que proceda a asignar y transferir los recursos adicionales del Tesoro Público para el cumplimiento efectivo de las escalas remunerativas fijadas en dicha Resolución Administrativa.

Es así, que el Poder Ejecutivo, ha encargado al titular de Justicia presentar una demanda de conflicto de competencias, alegando que el Poder Judicial se habría excedido de sus atribuciones al emitir la Resolución Administrativa 235-2012 y al haberse requerido al Ministerio de Economía y Finanzas el pago de los resuelto en la sentencia.

No obstante ello, y la cereza del pastel, el mismo Poder Ejecutivo ha solicitado una medida Cautelar, teniendo como pretensión principal, se deje sine efecto lo resuelto en un Proceso de Cumplimiento(Mediante un Proceso Competencial) y se deje sin efecto la Resolución Administrativa emitida por el Poder Judicial. Al día de hoy, El Tribunal Constitucional , ha concedido la Medida Cautelar, dejando sin efecto una resolución que tiene la calidad de Cosa juzgada, lo cual crea un precedente peligroso en adelante cuando se quiera cuestionar una resolución judicial.

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